UNE 19601, estreno inminente

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Según se anticipó en la Revista de AENOR de febrero, este recién estrenado mes de abril será el elegido para que se publique la UNE 19601, una norma alineada con la última reforma del Código Penal.

Contar con sistema de compliance penal se hace indispensable para las personas jurídicas, ya que las modificaciones legislativas producidas en los últimos años han provocado que la responsabilidad ante posibles delitos pueda recaer en aquellas organizaciones que los cometan.

La UNE 19601 establece supuestos que permitan disminuir o eliminar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como requisitos para implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión compliance. Algunos de los requisitos suponen un desarrollo de las propias condiciones que exige el Código Penal para los modelos de organización y gestión:

• La identificación, análisis y evaluación de los riesgos penales.
• La disponibilidad de recursos financieros, adecuados y suficientes para conseguir los objetivos del modelo.
• El uso de procedimientos para la puesta en conocimiento de las conductas potencialmente delictivas.
• La adopción de acciones disciplinarias en caso de que se produzcan incumplimientos de los elementos del sistema de gestión.
• La supervisión del sistema por parte del órgano de compliance penal.
• La necesidad de crear una cultura de compliance en la que se integren la política y el sistema de gestión de compliance.
• La concienciación y formación adecuadas, eficaces y proporcionadas de los miembros de la organización respecto de los riesgos penales.
• El control y la protección de toda aquella información documentada que se determine como necesaria para demostrar la eficacia del sistema.

El proyecto UNE 19601 puede ser utilizado por cualquier tipo de organización con independencia de su tipo, tamaño, naturaleza o actividad y del sector al que pertenezca (privado, público, con o sin ánimo de lucro). Implantar esta nueva Norma no asegura la exoneración o atenuación automática de la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero podrá servir según palabras de la propia norma “de referencia para los tribunales de justicia y demás operadores jurídicos a la hora de facilitarles el establecimiento de criterios para valorar el cumplimiento por parte de las personas jurídicas u otras organizaciones de las exigencias previstas en la legislación penal”.

Más información: Revista AENOR

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